El Gobierno colombiano cambiará su estrategia en el litigio con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, de manera que sea más transparente para que el país esté más enterado y se haga partícipe del proceso.

"Hay que poner todo sobre la mesa", dijo este martes el canciller colombiano, Álvaro Leyva, en un encuentro con periodistas en Bogotá en el que se refirió a las audiencias orales sobre la alegada plataforma continental de Nicaragua más allá de las 200 millas náuticas, que se llevarán a cabo del 5 al 9 de diciembre próximo.

Con ese propósito, Leyva posesionó este martes a los nuevos representantes del país ante la CIJ, equipo encabezado por el jurista Eduardo Valencia-Ospina, quien será el nuevo agente de Colombia, y a Carolina Olarte-Bácares y Elizabeth Taylor como coagentes.

El canciller calificó de "equipo excepcional" el que tendrá Colombia ante la CIJ por su formación académica y experiencia, y destacó la participación de los raizales, representados por Taylor, oriunda de la isla de Providencia, exembajadora de Colombia en Kenia y quien también será embajadora especial para el Caribe.

Leyva subrayó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro quiere configurar una nueva política exterior, lo que incluye un cambio en la forma como se manejará el litigio en La Haya, para lo cual dijo que se necesitan "asesores de mucha enjundia".

Igualmente señaló que no habrá "misterios" en el manejo para "que la prensa esté enterada de todo" y el país también y se apropie del caso pues hasta ahora la opinión pública ha estado muy de espaldas al litigio.

"Queremos rescatar los valores históricos", dijo el canciller al explicar que "pueblos nativos (de todo el Caribe) podrían ser afectados por una decisión bilateral" como la que enfrenta a Nicaragua con Colombia por la plataforma continental extendida que reclama el país centroamericano.

Viejo litigio 

El litigio entre Colombia y Nicaragua dio un giro hace 10 años con el fallo de la CIJ que modificó los límites entre los dos países en el mar Caribe pero, lejos de zanjar la cuestión, dio pie a nuevas demandas ante ese tribunal.

En la sentencia del 19 de noviembre de 2012, por una querella presentada en 2001 por el país centroamericano, Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los cayos que lo integran, y conservó 12 millas náuticas del agua que rodea estos territorios, pero perdió con Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar.

Ante la decisión de Colombia de no aplicar el fallo y declarar una Zona Contigua Integral para ejercer su jurisdicción en las aguas aledañas a las islas y cayos "como archipiélago y no como territorios inconexos", Nicaragua volvió a la CIJ en septiembre de 2013.

En esa ocasión, Nicaragua pidió a la Corte que se declarara el "rumbo exacto" de la frontera marítima, "más allá" de los límites de 200 millas definidos en la sentencia de noviembre de 2012, así como que se le exigiera a Colombia la derogación de leyes "incompatibles con la sentencia" y la revocación de permisos otorgados a los buques pesqueros colombianos que faenan en las aguas en disputa.

En respuesta, Colombia contrademandó, alegando que Nicaragua "ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal", pues sus bancos de pesca tradicionales quedaron fuera de las 12 millas náuticas estipuladas en el fallo anterior.

En abril pasado, la CIJ consideró que hay una violación de "los derechos de soberanía y la jurisdicción" de Nicaragua en su Zona Económica Exclusiva (ZEE), y exigió a Colombia "cesar inmediatamente su conducta" en esa área.

En las audiencias de diciembre próximo, los dos países tendrán que responder dos preguntas sobre si existe base para que una plataforma continental se extienda más allá de las 200 millas náuticas y si existe un derecho consuetudinario al respecto, con lo cual la CIJ tomará una decisión, probablemente en el primer semestre del año próximo.

EFE